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El gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, aparte de la consecución del endurecimiento de las penas contra los promotores del 23-F, tuvo otros reseñables logros. Uno sería nuestro ingreso en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Asimismo sería el encargado de preparar las bases para la entrada en la actual Unión Europea. Negociaría con el PSOE el cierre del mapa autonómico, quedando conformado por las diecisiete Comunidades Autónomas hoy en día existentes. Además de promulgar la controvertida ley del divorcio.

El candidato escogido por la UCD y sugerido por Adolfo Suárez para sustituirlo en la presidencia del gobierno sería Leopoldo Calvo Sotelo. Nuevamente el artículo 99 de la Constitución Española resultaría de gran trascendencia en una investidura. Concretamente su apartado tercero. Pues al sólo contar Leopoldo Calvo Sotelo con el apoyo de la UCD, quien no albergaba mayoría absoluta en el hemiciclo, hubo que repetir la votación, del viernes 20 de Febrero, el lunes 23. Fecha sumamente aciaga para nuestra historia, donde pareciera que una vez más los aires de libertad serían acallados por el tan común, en nuestro pasado constitucional, pronunciamiento.

Una vez aprobada la Constitución Española de 1978 se disuelven las Cortes y se convocan elecciones generales para el 1 de Marzo de 1979. Proclamándose la UCD como fuerza más votada, aunque sin mayoría absoluta. En el discurso de investidura del viernes 30 de Marzo de 1979, el Presidente anunciaría el fin de la etapa del consenso y el camino hacia la consolidación de la democracia, donde se desarrollaran plenamente la tan necesaria labor ejecutiva del gobierno, como la fiscalizadora de la oposición.

El diseño inacabado de nuestro modelo de Estado, que iniciaba su bosquejo recurriendo a una fórmula creada al efecto, el Estado de las Autonomías, a medio camino entre el unitario y el federal, al objeto de concitar la máxima conformidad en torno a la Constitución de 1978, todavía no se ha completado. Los constituyentes concibieron que tal culminación sería recomendable postergarla para mejor ocasión, en una subsiguiente etapa donde ya nuestras bases democráticas se hubiesen asentado y no se resintiesen ante la compleja tarea. Mas ese momento lejos de alcanzarse, cada vez se muestra más remoto, enmarañándose progresivamente el engranaje gubernamental.

La situación económica del momento era acuciante. La inflación rozaba el 44%. Propiciando el gran endeudamiento empresarial un alarmante incremento del paro. El 25 de Octubre se rubricarían, por parte de los representantes de los principales partidos políticos, los “Pactos de la Moncloa”, ratificados por el Parlamento el día 27. Las medidas adoptadas se encaminaban hacia una reforma fiscal, que evitara el fraude generalizado, tónica hasta aquel entonces imperante. A lo que hay que añadir una política presupuestaria que buscaba reducir el déficit público. Así como la flexibilización del mercado laboral, en pro de crear nuevos empleos. Los resultados no tardaron en llegar, a finales de 1977 la inflación ya se había reducido hasta el 26%, y un año más tarde al 16%.

Otra de las figuras claves de aquel momento es la de Torcuato Fernández-Miranda, autor ideológico de la “Ley para la Reforma Política”, así como facilitador y diseñador del camino que nos conduciría hasta la presente etapa democrática.

La Transición es el período que acontece desde el fallecimiento de Franco, el 20 de Noviembre de 1975, hasta la aprobación de la Constitución española, el 29 de Diciembre de 1978. Aunque lo más acertado sería incluir igualmente la etapa que abarca hasta 1982, donde se siguen detectando elementos similares a los anteriores. Año este último en el que accede al gobierno el PSOE, tras ganar abrumadoramente las elecciones.

(Franco y el presidente norteamericano Eisenhower durante su visita a España en 1959)
Muerto el general Mola durante la contienda civil, Franco se nomina como jefe y sumo Caudillo de España, encontrándose el resto de los órganos del Estado supeditados a su persona y sólo responsable ante Dios y la Historia. Si la Segunda República […]

Luego de promulgarse la Constitución, arranca una renovada etapa, bajo la dirección de un gabinete conformado por republicanos de izquierda y socialistas, ostentando la presidencia Manuel Azaña. Recayendo en Niceto Alcalá Zamora la Jefatura del Estado. Al margen se colocarían los anarcosindicalistas. Quienes perseguían transformar la sociedad y erigir una sin clases, ni Estado. El 6 de Julio convocan la huelga nacional de la Compañía Telefónica, aunque con desigual seguimiento, ocasionó sangrientos sucesos. El 4 de Agosto le tocaría a la metalurgia de Barcelona. Y así una concatenación de violentos episodios que se desarrollarán durante el primer bienio, el calificado por los historiadores como reformista, de 1931 a 1933.

El 09 de Diciembre de 1931 el Presidente de las Cortes promulgaría la Constitución por la que se regiría la Segunda República. Decretando la soberanía popular y el sufragio universal, tanto masculino, como, por primera vez, femenino, para los mayores de 23 años. Declarando asimismo la división de poderes. La organización territorial se adscribiría a un modelo que se calificó como Estado integral, a medio camino entre el unitario y el federal. Los órganos constitucionales serían: las Cortes (unicamerales), el Presidente de la República y el Gobierno.