(“Duelo a garrotazos”, Francisco de Goya y Lucientes)
Desde los albores del constitucionalismo español hasta la Transición la lucha fraticida de “las dos Españas” fue un mal perenne que aquejó a nuestra patria. Incluso hoy, tristemente, continúa estando plenamente vigente. Aquel famoso cuadro de Goya, “Duelo a garrotazos”, sin duda estuvo presente en la mente de los constituyentes al elaborar la Carta Magna de 1978. Porque en esa pugna, descrita magistralmente por José Ortega y Gasset, entre: “Una España que se obstina en prolongar los gestos de una edad fenecida. Y otra vital, sincera, honrada, la cual estorbada por la otra, no acierta a entrar de lleno en la historia”; nadie gana, perdiendo eternamente España. Muchos, en aquellos instantes, mediante el perentorio consenso, ingenuamente creyeron adentrarse en la Tercera España, la de, para Salvador de Madariaga, la libertad, la integración y el progreso.
Y es que aquel diseño inacabado de nuestro modelo de Estado, que iniciaba su bosquejo recurriendo a una fórmula creada al efecto, el Estado de las Autonomías, a medio camino entre el unitario y el federal, al objeto de concitar la máxima conformidad en torno a la Constitución de 1978, todavía no se ha completado. Los constituyentes concibieron que tal culminación sería recomendable postergarla para mejor ocasión, en una subsiguiente etapa donde ya nuestras bases democráticas se hubiesen asentado y no se resintiesen ante la compleja tarea. De lo que dan constancia las ulteriores palabras de Suárez: “Algunos han criticado el texto de nuestra Carta Magna denunciando las lagunas y tachándola de ambigua. En nuestra larga historia constitucional son muchas las constituciones, técnicamente perfectas, que apenas han tenido vigencia. En ésta no quisimos dar por resueltos los problemas que, en realidad, no lo estaban. Pero se señaló el camino para su encauzamiento y la meta final. (…)” Si bien precisaría: “El proceso autonómico tampoco puede ser una vía para la destrucción del sentimiento de pertenencia de todos los españoles a una Patria Común. La autonomía no puede, por tanto, convertirse en un vehículo de exacerbación nacionalista, ni mucho menos debe utilizarse como palanca para crear nuevos nacionalismos particularistas.” Como ya los definiera, durante la Segunda República, José Ortega y Gasset en aquel enardecido discurso pronunciado en la sesión de las Cortes del 13 de Mayo de 1932, cuando ocupaba un escaño de diputado por León: “(…) ¿Qué es el nacionalismo particularista? Es un sentimiento de dintorno vago, de intensidad variable, pero de tendencia sumamente clara, que se apodera de un pueblo o colectividad y le hace desear ardientemente vivir aparte de los demás pueblos o colectividades. Mientras éstos anhelan lo contrario, a saber: adscribirse, integrarse, fundirse en una gran unidad histórica, en esa radical comunidad de destino que es una gran nación, esos otros pueblos sienten, por una misteriosa y fatal predisposición, el afán de quedar fuera, exentos, señeros, intactos de toda fusión, reclusos y absortos dentro de sí mismos. (…)”
Mas ese momento lejos de alcanzarse, cada vez se muestra más remoto, enmarañándose progresivamente el engranaje gubernamental. Grandes quebraderos de cabeza han traído la distribución de competencias, de suma ambigüedad. La cuestión financiera pareciera que se otorga en base a quién ejerza más presión, o albergue mayor sintonía con el gobierno de la nación en cada instante. La conversión del Senado en Cámara de representación territorial, como foro de participación de las distintas regiones, todavía espera su tan ansiada reforma. De la colaboración con el ejecutivo central en cuestiones que atañan a la política de la Unión Europea nada se sabe. Provocando una constante improvisación en la toma de decisiones a tenor de la coyuntura imperante según el color gobernante. Reproduciendo 17 gobiernos autonómicos de similar composición al estatal, llenando la administración de solapamientos y duplicidades. Complicando excesivamente el entramado burocrático y multiplicando sus costes. Propiciando una descomunal red clientelar, sustentada en un presunto y vetusto pilar caciquil. Incrementando no sólo sustancialmente el número de empleados públicos, sino igualmente el endeudamiento de las comunidades.
Los nacionalismos y regionalismos españoles se gestaron durante el último tercio del siglo XIX. Germinando con fuerza a partir del Desastre del 98, es decir, con la pérdida de las últimas colonias de ultramar. Surgiendo en aquel instante una profunda preocupación por los males que aquejaban a España. Con una tasa de analfabetismo que rondaba el 60% y un gobierno central incapaz de dar respuesta a los problemas de las regiones periféricas. Sobresaliendo la corriente catalana y la vasca, impulsadas por una emergente clase burguesa. Logrando reconocimiento durante la Segunda República. Situación que volvería a enquistarse con el franquismo, a causa de su exacerbada centralización y represión hacia los movimientos periféricos. Con la llegada de la Transición renacería ese sentimiento regionalista tanto en Cataluña, como en el País Vasco, expandiéndose con posterioridad al resto de comunidades. Sin embargo, en ambas zonas las reivindicaciones acontecieron de modo marcadamente diferenciado.
(Josep Tarradellas)
Uno de los papeles primordiales para la moderación en Cataluña fue el desempeñado por Josep Tarradellas (1899-1988). Contrario a la independencia, defensor de la identidad catalana, pero siempre integrada en el marco español. Presidente en el exilio del gobierno catalán desde 1954. Y es que con la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña por las Cortes Republicanas en 1932, Cataluña contaba con un gobierno y parlamento propios, el cual tuvo que exiliarse con la llegada del franquismo. Por lo que Suárez en 1977 reconocería a Tarradellas la legitimidad del cargo que ostentaba, designándolo presidente del gobierno preautonómico. Restableciéndose provisionalmente la Generalitat de Cataluña con el Real-decreto ley del 29 de Septiembre de 1977. Pronunciando Tarradellas el 23 de Octubre, en el balcón del palacio de la Generalitat la mítica frase: “¡Ciudadanos de Cataluña. Ya estoy aquí!” De enorme trascendencia al escenificar la llegada de la democracia. El nuevo Estatuto de Cataluña se refrendaría en Octubre de 1979. Concretándose para Marzo de 1980 las elecciones al Parlamento catalán, donde el partido de Pujol, Convergencia, se haría con 28 de las 38 comarcas catalanas. Retirándose Tarradellas, una vez cumplida su función conciliadora, de la vida política.
A grosso modo el nacionalismo catalán de aquella época se caracterizaba por su gran pragmatismo. Tendente a una posición centrada, aunando distintas corrientes ideológicas: liberalismo progresista, democracia cristiana, socialdemocracia. Aspirando a las mayores cotas de gobierno, pero dentro del Estado español y Europa. Con plena aceptación de la Constitución de 1978, como queda demostrado con su implicación en el proceso de redacción.
Muy distinto del contexto que se dio en el País Vasco, cuyo Estatuto no sería promulgado durante la Segunda República hasta Octubre de 1936, ya iniciada la Guerra Civil. Restaurándose provisionalmente la autonomía mediante Real Decreto-ley del 6 de Enero de 1978. No participando los parlamentarios vascos en la elaboración de la Constitución de 1978. Haciendo el PNV campaña por la abstención y votándola finalmente sólo el 30% de los vascos.
Uno de los condicionantes del País Vasco fue ETA (Euskadiko Ta Askatasuna), “País Vasco y Libertad” en castellano. Fundada en 1958 por un grupo de jóvenes expulsados del PNV. Quienes abogaban por la independencia de Euskal Herria (Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Navarra, en España; Benaparre, Laburdi y Zuberoa, en Francia) a través de la lucha armada. Declarándose independentistas y marxistas-leninistas. Comenzando su acción violenta en 1961. Concitando apoyos, durante el régimen franquista, por su oposición a la dictadura, transmitiendo una imagen errónea a la sociedad. Matiz que se deja entrever en las poderosamente llamativas declaraciones de Xavier Arzalluz, líder del PNV en tan trascendental etapa, a la televisión alemana (ZDF). Y que sólo son asimilables dentro del clímax vivido. Si para Cataluña la premisa principal era el restablecimiento de la democracia, en el País Vasco era superada por la solicitud de amnistía para los presos y el fin de la represión.
“Si el gobierno de Madrid continúa con la represión, con el terror como hasta ahora, entonces continuarán las posturas extremistas. Yo opino que en estos momentos el País Vasco es un polvorín que si hace explosión lo que suceda será aún más grave que en Irlanda del Norte.
En este caso se llegaría a acabar con cualquier esperanza de democracia en el Estado español. Primero que podamos creer que la democracia va a ser auténtica. Exigimos la amnistía para todos, una amnistía total. Bueno, asesinos terroristas, para nuestro pueblo son luchadores por la libertad.”
No obstante, con la llegada de la democracia ETA no cambiaría su postura. Si en el franquismo asesinó a 41 personas, hasta el momento cuenta en su haber con la macabra cifra de más de 800 muertos. Siendo su repulsa actualmente prácticamente unánime.
En Octubre de 1979 se votaría el Estatuto del País Vasco, con un 90% de votos afirmativos y una participación del 60%.
El PNV, la fuerza mayoritaria nacionalista vasca, se erige básicamente bajo postulados demócrata-cristianos. Conservando, aunque con una clara modernización, ese halo de nacionalismo romántico impregnado, desde su fundación en 1895, por Sabino Arana.
(Sabino Arana)
El Estatuto de Galicia aunque refrendado en Junio de 1936, no llegaría a ratificarse por las Cortes Republicanas. Decretando el Gobierno de Suárez un régimen provisional de autonomía, conforme a la Ley para la Reforma Política de Enero de 1977.
Considerándose a Cataluña, País Vasco y Galicia “nacionalidades históricas” por haber promulgado sus respectivos Estatutos de Autonomía durante la Segunda República. Accediendo a la autonomía por la “vía rápida”, según el artículo 151 de la Constitución Española de 1978, adquiriendo el máximo techo competencial desde el inicio.
Mas Andalucía, con dificultades, se uniría pronto a este grupo. El 28 de Febrero de 1980 se convocaría el referéndum andaluz a propuesta del Gobierno, empleando una pregunta de difícil comprensión. Reputado como uno de los mayores errores de Suárez, al defender un marco competencial inferior al de Cataluña, País Vasco y Galicia, en pro de encauzar el proceso autonómico, del que ya se comenzaban a albergar serias dudas sobre su sostenibilidad y desarrollo. Saliendo derrotada la UCD y considerándose el prolegómeno de su ocaso. Alzándose como destacado benefactor el PSOE, que supo aprovechar la indignación de los andaluces ante lo que consideraban un agravio comparativo con el resto de regiones.
Las demás accederían a la autonomía, a través de la “vía lenta”, recogida en el artículo 143 de la Constitución Española. Disponiendo las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla de previsiones específicas, en virtud del artículo 144.b. Y Navarra no ha ejercido ningún tipo de iniciativa, acogiéndose a los derechos históricos declarados en la disposición adicional primera.
Consiguiendo gradualmente las 17 Comunidades Autónomas un similar techo competencial, a través de las diversas reformas estatutarias emprendidas. Lo que ha llevado aparejado un afán diferenciador de Cataluña y el País Vasco, apelando supuestamente a ese declarado historicismo, pretendiendo posicionarse en cada momento un paso por delante del resto. En 1992 el PSOE y el PP lograron un principio de acuerdo para la homogeneización competencial de todas las regiones, salvando los aspectos claramente diferenciales a nivel: lingüístico, insular o foral. No obstante, la exigencia de apoyos políticos en las Cortes, que han buscado la connivencia de las formaciones periféricas representadas en el arco parlamentario, además de los pactos de gobernabilidad regionales, ha impedido que tal pacto se ejecute.
