(Sello alemán conmemorativo de la firma del Tratado de Roma de 1957)
Parece ilógico proseguir inmersos en esa perenne disputa entre los distintos territorios españoles. Y más cuando a nivel internacional se muestra como irreversible la consolidación de la globalización. Desencadenando un auténtico vaciamiento del poder de los Estados, que se manifiesta en tres vertientes:
• Hacia arriba. Cediendo determinadas decisiones nacionales a organizaciones supranacionales: Unión Europea, OTAN, ONU,…
• Hacia abajo. Dotando de un mayor protagonismo a las entidades locales, por ser las instituciones más próximas al ciudadano.
Sin embargo, urge acometer ciertas reformas en el ámbito municipal. En la línea de sustituir la figura del strong-mayor actual, de corte presidencialista, por la del city-manager. Aplicada, por ejemplo, en Estados Unidos, con la que han logrado prácticamente acabar con los casos de corrupción y el sangrante clientelismo político.
El city-manager se fundamenta en contratar a un administrador para la localidad, de probada solvencia y perfectamente conocedor de los procedimientos reglamentarios. Seleccionado como gerente municipal para liderar los proyectos aprobados por el Consejo Plenario. Su mandato tendrá una duración diferente a la de la legislatura, evitando así vinculación política alguna. Quedando ceñidas las funciones de los concejales, votados por el pueblo en las urnas, a la legislativa. Circunscrita a su manifestación en el Pleno, donde avalarán o retirarán el apoyo de las acciones efectuadas por el city-manager. Y limitando el papel del Alcalde, al otorgarle un exiguo margen ejecutivo.
De este modo se culminarían los proyectos, habitualmente paralizados por cambios de gobiernos o incapacidad por desconocimiento de los propios ediles. Se agilizaría la tramitación de los expedientes, aminorando la carga burocrática, simplificando los procesos. Adelgazaríamos el capítulo uno del presupuesto, destinado a personal. Contando únicamente con los sujetos más preparados e idóneos, acorde a las particulares labores y no conforme a su afiliación ideológica. En definitiva ganaríamos en transparencia y optimizaríamos convenientemente los escasos recursos de los que disponemos.
• Hacia el mercado. Por la vía de la privatización y desregulación. Se trata de: incentivar el emprendimiento; bajar las cargas fiscales en pro de poner tales importes en circulación; reducir las trabas innecesarias para conferir una mayor seguridad y agilidad a las transacciones; y sobre todo reduciendo el aparato gubernamental; sin olvidarnos de potenciar la I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación). Lo que consecuentemente nos conduciría a una mayor riqueza y generación de empleos.
En base a estos planteamientos, a mediados de los años ochenta del siglo XX se deja de hablar de gobernabilidad. Como suficiencia de un país para resolver sus conflictos colectivos internos, mediante la aplicación de las políticas públicas más adecuadas. Para dar paso al concepto de gobernanza. Donde la garantización de la cohesión social no sólo depende de la gestión gubernamental nacional, sino de su capacidad de coordinación con entidades públicas y privadas, estatales y transestatales. Obligando a los dirigentes de cada Estado a compartir su autoridad dentro de las propias fronteras con otros estamentos, en materias tales como: inmigración, seguridad, economía, medio ambiente,…
No obstante, resulta imprescindible, al objeto de alcanzar una democracia más justa y participativa, contar con todos. Lo que exige la conversión de nuestro sistema electoral. A través de la imposición de listas abiertas y la instauración de la segunda vuelta. Desterrando fórmulas bipartidistas y concibiendo las multipartidistas, dentro de las cuales los residentes de cualquier región española se encuentren plenamente representados. Pilar primordial para construir una España más competitiva, eficaz y eficiente. Y esto no pasa por desgajar nuestra patria, sino por adaptarla a la época en que vivimos.
