Paella. (www.euroresidentes.com)
Próximamente se celebrará el 30 aniversario de la Constitución Española, pudiéndose ya hablar de una democracia relativamente madura. La ratificación de ese documento significó para nuestro País el cierre de una etapa y la apertura de otra llena de esperanzas e ilusiones. Pero como en todo proyecto, con el tiempo, surgen disfunciones a enmendar.
Actualmente ya hay muchas voces que demandan la necesaria e imperiosa modificación de determinados aspectos en nuestro sistema. Por mencionar alguno, podríamos destacar la controvertida composición del Consejo General del Poder Judicial. Un sector crítico reclama su máxima independencia. Según ellos, debe corresponder a los jueces la elección para el nombramiento de la mayoría de sus miembros; y no a las formaciones políticas, conforme a un criterio aparentemente subjetivo. Han de estar los mejores, independientemente de sus ideologías o simpatías hacia un grupo. Siendo la manera más óptima de transmitir a la sociedad el exquisito respeto que se tiene en relación a la división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, principio en el que se sustenta la organización de nuestro Estado. Erradicando así, suspicacia imaginaria alguna.
Esta es una simple pincelada de un pensamiento que está calando en gran parte de la sociedad, y que no es otro, sino la falta de credibilidad en el aparato gubernamental contemporáneo, y su inoperancia para la resolución de los problemas que día a día nos afectan.
Ahora cuando a miles de familias les resulta misión imposible: llegar a fin de mes, pagar las mensualidades de sus hipotecas,…personas que contemplan además como previsiblemente perderán sus puestos de trabajo, en el mejor de los casos, porque otros ya habrán sido despedidos, surge la pregunta inevitable: ¿qué hacen los administradores para mejorar la situación de sus administrados? ¿Es necesaria tanta corporación? A razón del fundamento de austeridad que debe imperar en esta etapa de turbulencias financieras, ¿no sería lo lógico comenzar recortando gastos en esta línea?
El Gobierno Central inyecta grandes cantidades de dinero a los bancos, pero estas no se traducen inmediatamente en un aporte de liquidez a los ciudadanos; ni a las PYMES, verdadero motor de nuestra economía, mayormente regentadas por autónomos, que tras el cese de la actividad de sus negocios se quedan sin nada, inclusive sin la lógica prestación social devenida por largos años de contribución a las arcas de la Seguridad Social. También hablan de transferir cuantías millonarios a los Ayuntamientos, lo que resulta a priori muy correcto, pero: ¿servirá para aumentar la calidad de vida de los habitantes de esos municipios?; ¿se usará ese dinero en ayudas sociales, desarrollo de infraestructuras, o servicios?; ¿o irá destinado en gran parte a sufragar el costo, en algunos casos disparatado, del capítulo uno, es decir, personal?
Aún así, el régimen democrático, con sus defectos, es el mejor posible. Pero debe dirigirse hacia la excelencia, a través de la mejora continua, corrigiendo cualquier desviación que pudiese aparecer. Quedando fuera de lugar, que algunos se valgan de las entidades públicas para crear un auténtico entramado de clientelismo político con el que mantenerse en el poder, rodeados de simpatizantes, unidos no por la defensa de un pensamiento común, sino por la obtención de un puesto laboral con el que poder subsistir. Obviándose la ineludible tarea de perseguir como fin único la garantía del bienestar social de los residentes. Tal vez, sería deseable comenzar a plantearse muy seriamente en prescindir de organismos que lo único que hacen es duplicar labores por otros ya desempeñadas, con el consiguiente derroche presupuestario. Requiriendo de verdaderos gestores públicos altamente cualificados y no de patéticos iconos heredados de la España cañí.
