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De un tiempo a esta parte leemos continuamente en los diferentes medios de comunicación múltiples noticias sobre presuntos escándalos municipales. Sean finalmente ciertas o no, hechos que deberán ser aclarados exclusivamente por la justicia, cuento menos suscitan la duda y desconfianza en el contribuyente. Si a esto unimos la alta morosidad de las administraciones locales, lastrando la viabilidad de infinidad de PYMES, podríamos afirmar que la gestión de nuestros Ayuntamientos es una cuestión que necesitamos mejorar.  

España, junto a Francia, Italia o Portugal, poseen unas de las tasas más altas de corrupción dentro de los países de la OCDE. ¿Y qué es lo que nos puede diferenciar con aquellos Estados que ostentan un menor grado, como pudieran ser los nórdicos o anglosajones? Para muchos analistas la raíz de este mal hay que buscarla en la organización clientelar que se genera alrededor de sus dirigentes. Cuando en una ciudad europea entre 100.000 y 5000.000 habitantes, incluyendo el máximo regidor pueden haber dos o tres personas cuyo sueldo está supeditado a que cierto partido se alce con la victoria; aquí sería imposible determinar el número de simpatizantes que entrarían a trabajar en la corporación en cuestión, u otras afines, después de que su formación se haga con el bastón de mando. Perdiéndose así la perspectiva del proyecto común, para dar paso a la supervivencia de los individuos. Desembocando ello en supuestos actos indebidos en pro de sostener este entramado.

Si partimos de la teoría liberal, donde el principal cometido del ente local se circunscribiría a posibilitar la competitividad de las fuerzas espontáneas del mercado, atrayendo al inversor para instaurarse en la zona, lo que generaría riqueza y empleo; lo coherente sería dar estabilidad a las instituciones a través de los mejores profesionales. ¿Y cómo lo han logrado otros? Pues pasando de la fórmula imperante en nuestro territorio: strong-mayor, de corte presidencialista; a la del city-manager.

El city-manager se fundamenta en contratar un administrador para la localidad, de probada solvencia y perfectamente conocedor de los procedimientos reglamentarios, seleccionado como gerente municipal para conducir todos los planes emprendidos por la institución y ratificados en el Consejo Plenario. Su cargo tendrá una duración distinta al electoral, evitando así cualquier vinculación política. Quedando ceñidas las funciones de los concejales, electos por el pueblo en las urnas, a la legislativa mediante su manifestación en el Pleno, donde avalarán o retirarán el apoyo de las acciones efectuadas por el city-manager. Y acotando la figura del Alcalde al otorgarle escasa capacidad ejecutiva.

De este modo: se culminarían los proyectos, normalmente paralizados por cambios de gobiernos o incapacidad por desconocimiento de los propios ediles;  se agilizaría la tramitación de cualquier expediente, reduciendo la carga burocrática, simplificando los procesos; adelgazaríamos el capítulo uno destinado a personal, contando únicamente con los sujetos más preparados e idóneas acorde a las distintas labores, y no conforme a su afiliación ideológica;…En definitiva ganaríamos en transparencia y eficacia.

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