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Edificio del Banco de España. Madrid. (www.euroresidentes.com)

Hablábamos anteriormente de la exigencia ineludible de intentar alcanzar la máxima eficiencia y eficacia en cualquier decisión o gasto público. Inclusive planteábamos que era necesario optimizar la gestión, prescindiendo de determinadas organismos, que en muchos casos, no dan un valor añadido a la población, sino que duplican servicios ya ofrecidos por otras corporaciones.

Esta no es una novedosa teoría, surgida ante la convulsa situación económica actual, más bien al contrario, un objetivo ya planteado en la Constitución Española de 1978. Pero como casi siempre pasa, se legisla en exceso, y no se aplica o desarrolla su contenido.

Así en el 2007 se aprobó la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Cuya pretensión es que los españoles puedan presentar cualquier solicitud los 365 días del año, durante las 24 horas del día, a través de Internet, como una forma de eliminar las distancias físicas entre los administradores y administrados. Concibiendo una Administración Única, lo que agilizaría los trámites y reduciría los plazos de resolución y notificación. Dando paso a una red interadministrativa, en la que participarían: Ayuntamientos, Cabildos o Diputaciones, Comunidades Autónomas, Gobierno Central, Unión Europea. Erradicando la duda permanente del residente de hacia dónde debe dirigirse para cursar cada diligencia (subvenciones; inscripción bolsa de trabajo; pago impuestos varios; licencias: urbanísticas, de apertura,…; calificaciones territoriales,..), pues al registrar el requerimiento, este organismo se encargaría de redistribuirlo al resto en el caso de no ser de su competencia. Pudiendo además el usuario conocer a través de la red el estado de su petición en cada momento.

Pues bien, establece la norma que el 31 de Diciembre de 2009 todas las corporaciones locales, por ser las entidades más próximas al contribuyente, deberán estar adaptadas a ella. Pero la realidad dista mucho de la loable iniciativa, ya que en bastantes municipios ni siquiera se han dado los primeros pasos. Lo peor de todo es que tampoco contemplan las partidas presupuestarias correspondientes para desarrollar estas acciones el próximo año. Fundamento que se convertiría en una medida de ahorro para el ciudadano, pues al no tener que trasladarse al Ayuntamiento, economizan tiempo y dinero en gasolina; no faltan horas al trabajo, que como está el panorama quien tenga un puesto tiene un tesoro y no se debe descuidar; se informaría de todas las propuestas en materia laboral, pudiendo inmediatamente inscribirse en los planes activados, como el de la reforestación, talleres de empleo,…; solicitar ayudas: la Ley  de dependencia, para las PYMES mediante el ICO, ….Pudiendo los españoles hacer uso rápidamente de cualquier medida gubernamental adoptada, traduciéndose en una ágil valoración de la misma, inclusive modificándola pronto de no cumplir las expectativas para la que se creó.

Seguro que a todos se nos viene a la mente algún amplio supuesto reglamentario que en la práctica no se ejecutó. Pensemos sólo en determinados hechos, que por su trascendencia mediática, son por la mayoría tristemente recordados. Como la trágica muerte de la niña Mariluz que hipotéticamente se pudo evitar si la información entre las diferentes administraciones de justicia hubiese estado interconectada. O la fuga del abogado Menéndez, que tras un permiso carcelario entra en una comisaría a renovar el Pasaporte y nadie se da cuenta de que no puede viajar, pues al introducir sus datos en el ordenador no menciona nada.
 
Son algunas incidencias que clarifican lo expuesto, y que nos reafirman en que lo congruente sería exigir la aplicación de las normas aprobadas, y no seguir enredando a los administrados en un complicado entramado burocrático de dificultosa comprensión. Con la consecuente pérdida de fe en el sistema, agrandando peligrosamente la brecha entre gobernantes y gobernados.

Ya preconizan los analistas, que después de la crisis económica; vendrá la social, ante la abismal desigualdad entre ricos y pobres, una nueva lucha de clases; para finalizar con la política. Esperemos que no sea cierto, y que enmendemos los errores que fortalezcan la estructura de nuestra democracia.

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