Historias de un pueblo

Alegan concretos historiadores que el sistema político de la Restauración, ideado por Antonio Cánovas del Castillo, fue la mejor opción dadas las circunstancias de aquel periodo. Sin embargo, lentamente se desvirtuó, y tras el fallecimiento de sus dos grandes protagonistas: el propio Cánovas y Práxedes Mateo Sagasta, murió por ausencia de líderes que los sucedieran y por agotamiento después de 50 años de vigencia. No obstante, la presente etapa democrática, surgida con la promulgación de la Constitución de 1978, lleva apenas treinta años, ¿y no se perciben ya muestras de cansancio?”

Los prolegómenos constitucionales españoles arrancarán con el Estatuto de Bayona, promulgado por Napoleón el 6 de Junio de 1808. La primera Constitución española se gestará tras la batalla de Bailén y el abandono del Trono por José Bonaparte. Suscrita el 19 de Marzo de 1812. Recayendo en esta fase la corona en la figura de Fernando VII. El 18 de Junio de 1837, la Regente María Cristina, designada testamentariamente por su esposo Fernando VII, aceptará y jurará otra norma jurídica suprema, actuando en nombre de su hija Isabel, menor de edad. Correspondiendo ya a la Reina Isabel II la ratificación de la Constitución de 1845. Desde 1866 las proclamas de levantamiento se suscitan a lo largo de la geografía nacional. Abocando a Isabel II a dejar el país para refugiarse en Francia. Irrumpiendo así la Constitución de 1869. Imponiéndose en el Trono a Amadeo de Saboya. Amadeo de Saboya abdicará el 11 de Febrero de 1873, proclamándose la I República. Prosiguiendo una relativamente larga y estable etapa: La Restauración.

Tanto en Inglaterra, EEUU, como en Francia, el paso del Antiguo Régimen al nuevo Estado Liberal fue irreversible. En Inglaterra la conversión fue tranquila y paulatina, reforma ejecutada progresivamente sobre las instituciones del pasado. En EEUU se crea una sociedad nueva, a partir de la cultura jurídica inglesa. En Francia la evolución se propiciará a costa de abundantes derramamientos de sangre. Sin embargo, en España se suceden durante casi doscientos años reiterados avances y retrocesos.

Aquel libro me tenía atrapado entre sus páginas, resultándome imposible abandonar su lectura. A medida que me deslizaba por sus múltiples palabras, más se agudizaba mi parte consciente. Expectante ante el hiriente lamento que rezumaban sus hojas. Capítulos que narraban la historia de España y su eterna lucha entre luces y sombras. Pasajes que jamás debiéramos olvidar, en pro de no repetir nuevamente idénticos errores. Donde nuestro Estado tuvo grandes dificultades para implementar plenamente los aires liberales de la Ilustración. Principalmente a causa de nuestra débil burguesía, que allí donde sí arraigó terminó derivando en la irrupción de los nacionalismos y regionalismos, a consecuencia de la falta de entendimiento entre las regiones periféricas y la Administración central. Como así aconteció en Cataluña o en el País Vasco. Empresariado que hoy, después de un gran auge, merma en número y lazos de unión. Tornándose inconcebible que actualmente desde las Cortes se pretenda dictar a la patronal como regir sus órganos internos. Que se ataque, al parecer, impunemente a sus miembros y los demás callen. Mientras los distintos sectores tampoco nada comentan al respecto, al objeto de no importunar. Qué como dice aquella popular frase: “el que se mueve no sale en la foto”. Tristes Pensamientos esbozados por Francisco y que me recordaban a la metafórica proclama del célebre escritor H. G. Wells, planteada en su mítica novela: “El país de los ciegos”.

España es una de las comunidades políticas más longevas. A pesar de ello al arrancar la centuria decimonónica se erige como un Estado pluriétnico, aunque en ningún caso plurinacional. Debido a que su concepción originaria parte de la suma de distintas regiones independientes. Esto que cabría ser considerado como el germen de la controvertida situación contemporánea al respecto de los nacionalismos y regionalismos españoles, no es más que una característica igualmente compartida por la mayoría de los países europeos. Naciones que aún albergando identidades colectivas diferentes, lograron exitosamente inculcar en sus habitantes un profundo sentimiento patriótico, mediante la defensa de idénticos símbolos y valores.

Parece ilógico proseguir inmersos en esa perenne disputa entre los distintos territorios españoles. Y más cuando a nivel internacional se muestra como irreversible la consolidación de la globalización. Desencadenando un auténtico vaciamiento del poder de los Estados. En base a estos planteamientos, a mediados de los años ochenta del siglo XX se deja de hablar de gobernabilidad. Como suficiencia de un país para resolver sus conflictos colectivos internos, mediante la aplicación de las políticas públicas más adecuadas. Para dar paso al concepto de gobernanza. Donde la garantización de la cohesión social no sólo depende de la gestión gubernamental nacional, sino de su capacidad de coordinación con entidades públicas y privadas, estatales y transestatales. Obligando a los dirigentes de cada Estado a compartir su autoridad dentro de las propias fronteras con otros estamentos, en materias tales como: inmigración, seguridad, economía, medio ambiente,…

Mención especial hacía Francisco al respecto de la controvertida cuestión de los nacionalismos y regionalismos españoles. Recordándonos nuevamente nuestros ya casi dos siglos de enfrentamientos continuos. Negándose a pertenecer a ninguna de “las dos Españas”. Mostrándose, al igual que otros tantos liberales nacionales, deseoso de pasar página y sumergirse en la Tercera España. Aquella que describió Salvador de Madariaga como: la de la libertad, la integración y el progreso. Para los analistas del momento nuestra Transición se convirtió en ejemplo a copiar. Por su capacidad de consenso, plasmada en la Constitución de 1.978. En cuyo artículo 2 se recoge: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española(…)”.Ya que como bien ha aseverado el Tribunal constitucional, nuestra actual Carta Magna “(…) no es el resultado de un pacto entre instancias territoriales históricas que conserven unos derechos anteriores a la Constitución y superiores a ella(…)La (…) actualización de los derechos históricos supone, en primer lugar, la supresión, o no reconocimiento de aquellos que contradigan los principios constitucionales.(…)”

Tras abogar Francisco por el uso de las listas abiertas en los procesos electorales españoles, se cuestionaba sobre la idoneidad representativa de tal sistema. Mostrando su comprensión frente al hecho de que la vigente Carta Magna pasara de puntillas por el modelo de organización territorial. Después de los dos postreros siglos caracterizados por cortos periodos democráticos que sucumbían rápidamente a otros dictatoriales. Y ante el temor de que este nuevo intento no lograse tampoco consolidarse, se prefirió el esbozo de meros principios conducentes a la descentralización. Decantándose por un estado compuesto, a camino entre el unitario y el federal. No obstante, después de tres décadas, resulta imprescindible un análisis del contexto actual. Siendo conveniente preguntarnos si con el recientemente aprobado modelo de financiación autonómica y con las controvertidas reformas de los Estatutos de Autonomía sugeridas, se cumple el principio de igualdad constitucional. Atendiendo a este precepto y plenamente conscientes de que la nación española se crea con la unión de diferentes identidades, provenientes de las nacionalidades y regiones que la componen; lo lógico sería el reconocimiento de las mencionadas singularidades, pero sin entrañar desigualdad alguna entre los territorios que la integran.